Aborto Legal, Seguro y Gratuito - Septiembre/08

Día de lucha por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe

El aborto es, desde hace 25 años, la principal causa de muerte de mujeres embarazadas y la principal causa de ocupación de camas hospitalarias femeninas en Argentina. Hay alrededor de 500 mil mujeres que abortan al año. En este período, 3.000 nenas de entre 9 y 14 años han sido abusadas y embarazadas. Por primera vez, nenas de esa edad integran las estadísticas oficiales de muerte de embarazadas por complicaciones en el parto o en abortos clandestinos. En los últimos cinco años, la muerte de mujeres embarazadas en nuestro país creció un 19%, hasta alcanzar el 48 cada 100 mil. Las que mueren son las mujeres más pobres, las más jóvenes y las niñas, que ni siquiera pueden pagar un aborto ilegal.
El caso de la niña de 12 años de Mendoza muestra una trama macabra, donde la manipulación y la violencia sobre las mujeres y niñas son promovidas desde el propio Estado, desde su Justicia hasta sus instituciones de salud. El juez Ferrer no actuó contra el violador, cuando en mayo recibió la denuncia por violencia contra la niña y la madre, y sí descargó toda su impunidad para evitar el aborto terapéutico de la niña luego de ser violada, una gestación de alto riesgo para el cuerpo de una nena. Para esto contó con el apoyo del comité de bioética clerical insertado en el hospital Notti, con las autoridades provinciales y con la anuencia de la ministra Ocaña. Los grupos fundamentalistas ultracatólicos actúan con total impunidad - como pudimos ver no sólo en que han podido torturar a la niña con su propaganda dentro del hospital, sino también con las amenazas de muerte recibidas por los concejales rosarinos que votaron por la despenalización del aborto. Mientras la ministra de Salud, Graciela Ocaña, dice que el aborto es tema de "política criminal", la presidenta Cristina Fernández está en contra de promulgar este derecho, y la oposición patronal es clerical y retrógrada, como el macrismo que, mediante maniobras, intenta evitar el debate Legislativo sobre la reglamentación de los abortos no punibles en la Ciudad.
El gobierno ha dejado de entregar anticonceptivos en el marco de la Ley de Salud Reproductiva, le entrega los contenidos de la educación sexual a la Iglesia que sostiene públicamente el rechazo del uso del preservativo y métodos anticonceptivos, designa personal médico clerical a la cabeza de los hospitales que bloquea las prácticas legalizadas desde hace 90 años, violenta los criterios científicos y, mediante el amedrentamiento del personal hospitalario y de las pacientes, impone sus criterios: se está promoviendo una verdadera política criminal.
Todo el arco político gobernante y la Iglesia, que cínicamente se dicen defensores de la vida, con estas políticas provocan el aumento de enfermedades de transmisión sexual letales y son los promotores de la clandestinidad del aborto que mata fundamentalmente mujeres trabajadoras y pobres. Una extensa lista de violentas acciones cotidianas sobre las mujeres completa este cuadro: asesinatos por parte de parejas o ex parejas, violaciones, discriminación, secuestros a manos de las redes de prostitución y cárcel para mujeres víctimas de la ausencia de contención y de acceso al aborto legal y seguro, como es el caso de Romina Tejerina, para quien reclamamos la libertad. Quienes firmamos este pronunciamiento, nos proponemos trabajar para terminar con todas las formas de violencia sobre la mujer y decimos que estar en contra del derecho al aborto, no es estar a favor de la vida, sino a favor del aborto clandestino.
El 28 de septiembre, Día de Lucha por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe, nos movilizamos para exigir:

Educación sexual en todos los niveles educativos con contenido científico, médico y preparado por las organizaciones de mujeres y profesionales que trabajan la temática sin ninguna intervención de las instituciones clericales.
Entrega masiva de anticonceptivos, como así también el presupuesto necesario para ampliar la atención ginecológica en todo el ámbito público.
Legalización del aborto para evitar las más de 500 muertes al año de mujeres pobres y sin recursos y para permitir a las mujeres ejercer el derecho a decidir sobre su cuerpo.
Separación de las instituciones religiosas de la educación y la salud.